Santiago, miércoles 02 de agosto del 2023
En una importante reunión llevada a cabo este miércoles 02 de agosto, el Frente de Trabajadores Penitenciarios se encontró con los concejeros Karen Araya y Fernando Riveros, con el objetivo de abordar la enmienda presentada por Consejeros Constitucionales representantes del Partido Republicano. Dicha enmienda propone incorporar un nuevo capítulo denominado “Paz, Orden y Seguridad Interior” a la propuesta constitucional realizada por la Comisión de expertos.
El vocero del Frente, Suboficial Mayor Benito Saravia, encabezó la reunión con los saludos protocolares y explicó la postura de las asociaciones de gendarmería en relación con el inciso incluido en la propuesta constitucional. Según Saravia, esta enmienda pretende apartar a las asociaciones de la defensa de los funcionarios penitenciarios y busca privatizar la reinserción social, actualmente a cargo de Gendarmería. Beneficiando solo a un sector minoritario de los funcionarios en servicio, que pretender contener el poder absoluto del servicio en detrimento de los cerca de 20 mil funcionarios de las plantas de Suboficiales y del personal no uniformado.
Durante la reunión, el presidente de ANFUP, Sargento Primero José Carrasco, destacó el papel fundamental de los funcionarios de gendarmería (suboficiales y personal no uniformado) en el contacto directo con los privados de libertad, quienes son los que realizan las primeras intervenciones en la población penal. El Sargento Primero Carrasco señaló que no se puede militarizar el servicio de gendarmería, ya que esto supondría perder el contacto con la población penal.
La representante de ANSOG, Cabo Primero Ayleen Amaro, enfatizó la importancia de respetar los tratados internacionales y proteger los derechos fundamentales de los trabajadores penitenciarios. Bajo las condiciones impuestas por el Partido Republicano en la nueva constitución, los funcionarios no podrían representarse ante las autoridades para informar sobre las vulneraciones y violaciones a sus derechos laborales.
Por su parte, el presidente de AGECH, Suboficial Mayor Pablo Jaque G., afirmó que los funcionarios de gendarmería enfrentan diversos desafíos debido a la falta de herramientas para llevar a cabo la reinserción social de los privados de libertad. A pesar de los problemas históricos, los trabajadores se sienten respaldados por sus representantes, lo que les permite expresar sus inquietudes y buscar soluciones. Durante la reunión, se hizo hincapié en que el sistema penitenciario chileno es uno de los más robustos de Latinoamérica, y las cárceles no están bajo el control de los delincuentes.
Los representantes del Frente de Trabajadores Penitenciarios manifestaron su preocupación por los intentos de privatización y la posibilidad de convertir las unidades penales en campos de concentración bajo las propuestas del Partido Republicano.
El Consejero Fernando Riveros advirtió que los futuros proyectos penitenciarios tienen intereses de lucro involucrados, y el gasto fiscal destinado a los reclusos no se enfoca adecuadamente en la reinserción. Riveros solicitó más presión y movilización social sobre estos temas para que los consejeros tomen en cuenta las inquietudes de la ciudadanía.
Por su parte, la Consejera Karen Araya reveló que no solo los republicanos presentaron el capítulo en cuestión, sino que también Chile Vamos lo respalda con capítulos 1, 2 y 5 en una propuesta de Capítulo aparte. Araya se comprometió a conversar con el resto de los consejeros para evitar vulnerar los derechos de los trabajadores penitenciarios en los cambios propuestos para el sistema penitenciario.
El Frente de Trabajadores Penitenciarios agradeció el espacio y la posibilidad de explicar las consecuencias del capítulo presentado en la nueva propuesta constituyente. La resolución de la Corte Suprema sobre los nuevos capítulos ingresados a última hora por el Partido Republicano será crucial para determinar el rumbo de la discusión.
La reunión evidenció la importancia de abordar de manera responsable y colaborativa los desafíos del sistema penitenciario en Chile, buscando siempre proteger los derechos y bienestar de los funcionarios de gendarmería y los privados de libertad. Los próximos pasos en el proceso constituyente serán decisivos para definir el futuro de este tema clave en el país.
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