Nuevamente, Gendarmería de Chile está en la palestra pública, esta vez por las llamadas “celdas VIP”, escenario en que el Ministro de Justicia se ha desenvuelto con avidez mediática, enalteciendo con algarabía la labor fiscalizadora del ejecutivo, como si estas condiciones carcelarias e irregularidades fuesen desconocidas o recientes. ¿Seriamente este gobierno pretende que creamos que la corrupción institucional tiene su origen en lo inmediato?
Cada vez que se devela, de una u otra forma, la penosa realidad carcelaria en Chile, el ejecutivo actúa sorprendido, haciendo alarde de su “preocupación” por el sistema penitenciario. Sin embargo, ni hoy ni en otras ocasiones, se han propuesto soluciones concretas. Aún más, se han aportillado sistemáticamente los diagnósticos y soluciones propuestas por las organizaciones de trabajadores. No existe ningún anuncio, más allá del bombo periodístico y la calculada exposición pública. No existe, en definitiva, responsabilidad política respecto a la gravísima situación institucional, cuyos síntomas son –de tanto en tanto- foco de la crítica mediática.
¿Seguirán desfilando ante las cámaras, con aires heroicos, las autoridades de gobierno, sin entregar ninguna solución de fondo? Lo hemos dicho y lo reiteramos una vez más, con la misma fuerza: los actos de corrupción –en todo nivel- deben investigarse, pero además deben abordarse en concreto, con soluciones que mejoren el sistema y den garantías de igualdad de trato, creando nuevas cárceles e infraestructura (no se ha construido una hace 9 años), evitando el contagio criminológico, segregando espacios, asegurando condiciones dignas a sus trabajadores/as, atendiendo las infrahumanas condiciones, combatiendo el hacinamiento y –en definitiva- haciéndose cargo de una crisis profunda, reconocida y que no ha sido abordada más que para vender humo mediático y condicionar el debate público.
Apagadas las cámaras, exigimos que la investigación no sólo sea pública y profunda, sino que las determinaciones que surjan de ella sean también de conocimiento público, para que –como debió haber sido hace tiempo- el Estado se haga responsable en serio del demolido sistema carcelario chileno, corrompido por años de indolencia, de abandono institucional, de irresponsabilidad política y concebido para administrar la pobreza y para que –de tanto en tanto- figuren Presidentes, Ministros y Directores posando ante la opinión pública, haciéndonos creer –sin resultados ni propuestas, sin nada- que tienen la intención de hacerse cargo del sistema penitenciario.
DIRECTORIO NACIONAL AGECH